En el contexto actual, una gran parte de la sociedad civil suele confundir gobernanza con gobernabilidad, pero que en realidad son dos conceptos diferentes. Por un lado, tenemos el concepto de gobernabilidad, que se caracteriza por la capacidad y posibilidad que posee el gobierno para escuchar, atender y responder con eficacia las demandas sociales. Mientras que, el concepto de gobernanza, se caracteriza por cómo se organiza, coordina y planifica y se toman las decisiones para dar respuestas y/o para hacer frente de manera efectiva a los desafíos sociales, teniendo en cuenta la necesaria participación colaborativa de los actores políticos, sociales, académicos, empresariales y sociedad civil.
La globalización, es un fenómeno de naturaleza compleja que ha obligado a fortalecer la gobernanza como un factor esencial para que cualquier organización gubernamental, se organice, coordine y gestione desde un enfoque eficiente, eficaz, transparente, innovador y democrático, con el objetivo de mejorar su capacidad de responder a las necesidades urgentes e importantes que demandan la masa social. Sin embargo, esto que parece fácil a nivel teórico, en la práctica no lo es, debido a que existen factores internos y externos que impactan de manera directa, sobre todo, a la hora de garantizar que todos los servicios públicos cumplan con las expectativas de los ciudadanos en cuanto a transparencia y buenas prácticas en un determinado territorio.
La gobernanza, es un proceso dinámico e interactivo que debe contribuir a consolidar y garantizar un modelo de gestión pública horizontal que lleve por bandera la ética, la transparente y abierto a la participación ciudadana para promover un gobierno responsable y confiable (Mérida y Tellería, 2021). En ese sentido, es fundamental que todos estos conceptos sean puesto en práctica a nivel individual y colectivo en las actividades cotidianas, de las instituciones del Estado, las organizaciones empresariales, la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, tejido asociativo y también los ciudadanos.
Desde esta lógica, los ciudadanos de cualquier país, región o municipio deben demandar cada día mayor transparencia y un comportamiento ético de los servidores públicos, también han de ser capaces de exigir políticos más honestos y honrados, con capacidad de servicio, preparados para gestionar una gobernanza inclusiva, transparente, eficiente y orientada a resultados para solucionar los problemas sociales. Hoy por hoy, la gente ya no confía en los sistemas políticos ya que percibe una ineficacia manifiesta en la gestión y conducta de los lideres políticos de todos los niveles, cuyo impacto directo repercute en la calidad de vida de los ciudadanos.
Bajo este contexto, la gobernanza y la gestión de lo público nos ofrece importantes aprendizajes para diseñar estrategias que contribuyan a ser más eficientes las administraciones públicas a la hora de solucionar los problemas de la ciudadanía. Por tal motivo, es indispensable construir vínculos para relacionarse con el tejido asociativo y la sociedad civil para liderar la transformación social de un determinado territorio. Sin embargo, es preciso señalar que no siempre los actores políticos e institucionales, proporcionan la suficiente libertad, iniciativa y confianza para que las diversas comunidades o agentes sociales puedan hacer lo que quieren, sino más bien hacen lo que pueden o le dejan hacer.
Desde esta perspectiva, cuando se habla de participación y desarrollo comunitario se busca que, tanto las personas como sus comunidades, presenten sus demandas y necesidades más urgentes para que las instituciones locales la puedan satisfacer desde el propio territorio. Sin embargo, la realidad nos recuerda a menudo que la colaboración entre las instituciones, agentes sociales y comunidad, no siempre han podido entablar relaciones de confianza, pero eso no impide que ahora puedan colaborar en equipo, donde el dialogo y la sensatez son elementos básicos para llegar a puntos de encuentros. En este sentido, Ormazabal (2015:5) nos recuerda que “si nos centramos en el análisis del comportamiento político que han mostrado los movimientos sociales en relación a las instituciones, podemos distinguir dos posiciones principales: por una parte, actitudes a favor de la colaboración y; por otra parte, las que priorizan la autonomía. Los que están en un extremo u en el otro tienen estrategias y objetivos diferentes”.
Llegado a este punto, implementar un modelo de gobernanza público-comunitario se puede promocionar a nivel comunicativo, como otra manera de hacer política. Sin embargo, la evidencia empírica concluye que su verdadera eficacia sigue radicando en la capacidad de ponerse de acuerdo, para que las tres partes involucradas (agentes sociales, comunidades e instituciones) tengan el mismo peso en la toma de decisiones. Mientras esto no suceda, seguirá existiendo esa desconfianza entre unos y otros. De hecho, los municipios pequeños tampoco se atreven en buscar nuevos modelos de gobernanza, porque se sienten cómodos abordando los problemas, como se ha hecho toda la vida, desde la gestión pública tradicional.
De acuerdo con Blanco, Subirats y Parés (2009:368) “la mejor forma de dar respuesta a los problemas colectivos es promoviendo la implicación de actores públicos, privados y asociativos en el marco de las redes de acción más o menos formalizadas”. Sin embargo, el principal problema que tienen los municipios es cómo está configurada a día de hoy la estructura de la administración y, sobre todo, la falta de claridad sobre quién asume las responsabilidades de competencias, esa es la razón, por la que faltan medios suficientes para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Mientras, esto siga sin resolverse será muy difícil que se consolide un modelo de gobernanza eficaz que sirva para transformar un país, una región, una ciudad o pueblo a medio y largo plazo. La gobernanza, debe impulsar el aprendizaje continuo de los servidores públicos, directivos, gobernantes y la clase política, lo cual, contribuye a dar mayor grado de legitimidad social a los gobiernos, a sus autoridades y a sus actuaciones.
Indudablemente, la gobernanza puede ayudar al fortalecimiento de la dimensión local, promoviendo acciones de procesos participativos para integrar a todos los actores territoriales, para que colaboren en la búsqueda de fórmulas de innovación social para solucionar los problemas que demandan la ciudadanía. No obstante, este tipo de iniciativa también puede fracasar cuando se deja de escuchar las pluralidad de las voces, no se cumple lo pactado, se reduce el espacio cívico, y no existe transparencia en la toma de decisión final, lo cual, puede agrandar la brecha de desafección política (Blanco, Subirats y Parés, 2009; Lerner, Uvalle y Moreno, 2012; Ormazabal, 2015; Mérida y Telleria, 2021).
En definitiva, la gobernanza pública está obligada a recuperar la confianza de la ciudadanía. Para ello, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un valor muy importante para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones del Estado (Lerner, Uvalle y Moreno, 2012). En las sociedades modernas, la actitud de la ciudadanía está cambiando porque ya no tolera la corrupción de ninguna manera, ya que cada día las personas son más exigentes y pueden valorar a los políticos por lo que hacen e incluso por lo que no hacen, consienten o facilitan. De hecho, los múltiples escándalos de corrupción en cualquier sociedad, terminan casi siempre por fomentar la desconexión de la ciudadanía con la política. Bajo este contexto, la actividad política se está convirtiendo en una tarea cada vez más exigente, sobre todo, en lo referido a la ética, la honestidad y la honrades personal de los lideres y equipos políticos.
La gobernanza, y la capacidad de liderazgo deben estar preparados para hacer frente a situaciones difíciles, aunque implique problemas a corto plazo. De hecho, para que la gobernanza se consolide en un municipio como proceso de transformación social, es importante articular mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, además, debe haber voluntad política para mejorar la cultura organizacional que es resistente al cambio. Sin embargo, debe prevalecer la garantía que la inversión de los recursos públicos tengan siempre un impacto directo en las comunidades y en la vida de los ciudadanos de un determinado territorio, para lograrlo, se debe diseñar un plan estratégico de gestión eficaz de políticas públicas sostenibles, orientado siempre a resultados para solucionar los problemas sociales equilibrando las dimensiones económica, social, cultural, tecnológica y ambiental.
BIBLIOGRAFIA
Blanco, I., Subirats, J., & Parés, M. (2009): Calidad democrática y redes de gobernanza: evaluar la participación desde el Análisis de Políticas Públicas. En Parés Franzi, Marc (Ed.), Participación y calidad democrática: evaluando nuevas formas de democracia participativa (1 ed., pp. 367-398). (Ciencia Política).
Lerner, B., Uvalle, R., y Moreno, R. (coordinadores) (2012). Gobernabilidad y gobernanza en los albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México contemporáneo. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Sociales/Instituto de Administración Pública del Estado de México.
Mérida, J. & Tellería, I.(2021). ¿Una nueva forma de hacer política? Modos de gobernanza participativa y «Ayuntamientos del Cambio» en España (2015-2019). Gestión y Análisis de Políticas Públicas 26, Pág. 92-110. DOI:10.24965/gapp.i26.10841
Ormazabal, G. A. (2015) Límites y logros entre los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda: estudio sobre las redes de gobernanza de la Diputación Foral de Gipuzkoa1 (2011-2015). Este artículo se basa en la tesis doctoral titulada Herri mugimenduen eta ezkerreko gobernuen ezinak eta eginak: Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernantza sareak (2011-2015).
